El ex alcalde de la localidad gaditana de Barbate por el PP, Juan Manuel de Jesús, deberá sentarse de nuevo en el banquillo después de que un juzgado barbateño haya ordenado la apertura de juicio oral por la vía penal. Al ex primer edil se le acusa de presuntas irregularidades urbanísticas cometidas durante sus años de mandato, que se suma a otra causa por las que ya fue condenado y una aún en período de instrucción.
El escrito de la acusación particular, al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, imputa a De Jesús los delitos de falsedad, fraude y prevaricación con respecto a una parcela inicialmente propiedad del Ayuntamiento barbateño y que, según el mismo escrito, habría sido vendida por debajo de su precio de mercado y con una tramitación irregular, no ajustada a Derecho.
Los hechos que se juzgan se remontan al año 2000, cuando el entonces alcalde decide "ceder en pago" a la empresa Estructuras Auxiliares una superficie de 2.906 metros cuadrados de una finca de propiedad municipal.
Optaba así por la dación en pago, procedimiento utilizado en el derecho privado para saldar deudas mediante entrega de bienes, pero que "no existe en la normativa reguladora de la enajenación de bienes inmuebles de las entidades locales", según la acusación particular. En su escrito, precisa que esta enajenación debería de haberse realizado mediante "subasta pública o la permuta de otros bienes inmuebles", pero no de forma discrecional.
En el mismo informe, apunta que el Ayuntamiento barbateño no tenía entonces deuda alguna que saldar con la empresa Estructuras Auxiliares SA, representada por Juan Carlos Salido Gómez, aunque sí la junta de compensación de la unidad de ejecución urbanística de Carretera de Atlanterra, que presidía Juan Manuel de Jesús, pero en la que el consistorio perdería su mayoría participativa, estando en manos privadas.
Junto a la cesión, presuntamente irregular de esta parcela, la acusación particular, ejercida por el entonces delegado de Urbanismo Jesús López, aclara que el alcalde la "cede en pago" por algo más de 150.000 euros (25.840.374 pesetas entonces), mientras que fue adquirida dos meses después por la empresa Depurasur SL por más de 200.000 euros (33 millones de pesetas en el año 2000), un 30 por ciento más.
Según la acusación particular, "es evidente que el alcalde se concertó con el señor Salido Gómez, al objeto de transmitirle la parcela del patrimonio municipal, sin subasta pública, sin deberle nada directamente y a un precio muy inferior al de mercado".
El Registro de la Propiedad rechazó la inscripción de la finca como dación de pago, por lo que Juan Manuel de Jesús "trata de legalizarla, modificando el contenido de la escritura, mediante un nuevo proyecto, que transmitía los terrenos a la junta de compensación de la Carretera de Atlanterra y que fue aprobado por el Pleno municipal dos meses después de haber cedido la parcela" a Estructuras Auxiliares, que a su vez la había vendido a un tercero.
La acusación considera probado los delitos de prevaricación y de falsedad por parte del ex alcalde popular, a expensas de la decisión judicial una vez se celebre la vista oral. Por estos hechos, solicita para Juan Manuel de Jesús siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, además de un año de prisión y seis de inhabilitación por el de fraude y hasta seis meses de multa, con seis años de suspensión de empleo o cargo público por el delito de falsedad.
Junto al ex alcalde, se sentarán en el banquillo dos altos funcionarios municipales, un letrado de la asesoría jurídica y el arquitecto, a los que el ex delegado de urbanismo denuncia por incompatibilidad en cargo público, al prestar servicio en la citada junta de compensación con el beneplácito del ex alcalde.
La causa que se verá ahora en vista oral fue rechazada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate, que ahora se ve obligado a dar trámite a la apertura de juicio al Juzgado de lo Penal de Cádiz, después de que la Audiencia Provincial respaldara los recursos presentados por la acusación particular. Junto a las penas solicitadas, el escrito recoge la petición de que el ex alcalde sea juzgado por un tribunal popular, según la tipificación de algunos de los delitos.
Fuente: El Mundo
El escrito de la acusación particular, al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, imputa a De Jesús los delitos de falsedad, fraude y prevaricación con respecto a una parcela inicialmente propiedad del Ayuntamiento barbateño y que, según el mismo escrito, habría sido vendida por debajo de su precio de mercado y con una tramitación irregular, no ajustada a Derecho.
Los hechos que se juzgan se remontan al año 2000, cuando el entonces alcalde decide "ceder en pago" a la empresa Estructuras Auxiliares una superficie de 2.906 metros cuadrados de una finca de propiedad municipal.
Optaba así por la dación en pago, procedimiento utilizado en el derecho privado para saldar deudas mediante entrega de bienes, pero que "no existe en la normativa reguladora de la enajenación de bienes inmuebles de las entidades locales", según la acusación particular. En su escrito, precisa que esta enajenación debería de haberse realizado mediante "subasta pública o la permuta de otros bienes inmuebles", pero no de forma discrecional.
En el mismo informe, apunta que el Ayuntamiento barbateño no tenía entonces deuda alguna que saldar con la empresa Estructuras Auxiliares SA, representada por Juan Carlos Salido Gómez, aunque sí la junta de compensación de la unidad de ejecución urbanística de Carretera de Atlanterra, que presidía Juan Manuel de Jesús, pero en la que el consistorio perdería su mayoría participativa, estando en manos privadas.
Junto a la cesión, presuntamente irregular de esta parcela, la acusación particular, ejercida por el entonces delegado de Urbanismo Jesús López, aclara que el alcalde la "cede en pago" por algo más de 150.000 euros (25.840.374 pesetas entonces), mientras que fue adquirida dos meses después por la empresa Depurasur SL por más de 200.000 euros (33 millones de pesetas en el año 2000), un 30 por ciento más.
Según la acusación particular, "es evidente que el alcalde se concertó con el señor Salido Gómez, al objeto de transmitirle la parcela del patrimonio municipal, sin subasta pública, sin deberle nada directamente y a un precio muy inferior al de mercado".
El Registro de la Propiedad rechazó la inscripción de la finca como dación de pago, por lo que Juan Manuel de Jesús "trata de legalizarla, modificando el contenido de la escritura, mediante un nuevo proyecto, que transmitía los terrenos a la junta de compensación de la Carretera de Atlanterra y que fue aprobado por el Pleno municipal dos meses después de haber cedido la parcela" a Estructuras Auxiliares, que a su vez la había vendido a un tercero.
La acusación considera probado los delitos de prevaricación y de falsedad por parte del ex alcalde popular, a expensas de la decisión judicial una vez se celebre la vista oral. Por estos hechos, solicita para Juan Manuel de Jesús siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, además de un año de prisión y seis de inhabilitación por el de fraude y hasta seis meses de multa, con seis años de suspensión de empleo o cargo público por el delito de falsedad.
Junto al ex alcalde, se sentarán en el banquillo dos altos funcionarios municipales, un letrado de la asesoría jurídica y el arquitecto, a los que el ex delegado de urbanismo denuncia por incompatibilidad en cargo público, al prestar servicio en la citada junta de compensación con el beneplácito del ex alcalde.
La causa que se verá ahora en vista oral fue rechazada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate, que ahora se ve obligado a dar trámite a la apertura de juicio al Juzgado de lo Penal de Cádiz, después de que la Audiencia Provincial respaldara los recursos presentados por la acusación particular. Junto a las penas solicitadas, el escrito recoge la petición de que el ex alcalde sea juzgado por un tribunal popular, según la tipificación de algunos de los delitos.
Nueva inhabilitación
El ex alcalde ya fue condenado a seis meses de inhabilitación para cargo público porque no abonó una deuda acumulada de diez años a una empresa contratada por el Ayuntamiento en 1992. Además, Juan Manuel de Jesús, que fue primer edil entre 1999 y 2007, tiene pendiente otra causa por la reventa de unos terrenos por la que la Fiscalía de Cádiz abrió en su día diligencias y que está aún en período de instrucción.Fuente: El Mundo
