El Juzgado Mixto de Barbate celebró ayer un juicio civil contra la promotora de viviendas Mego y dos gestoras inmobiliarias locales, demandas por al menos 35 propietarios de los apartamentos turísticos Residencial Guadalupe de la pedanía Los Caños de Meca, que les reclaman los beneficios obtenidos del alquiler de estas residencias.
Según recordaban ayer los demandantes, al comprar las casas firmaron un contrato con Mego por el que cedían las viviendas para que la promotora las pusiera en arrendamiento por temporadas. A cambio, recibirían una parte del alquiler y tendrían derecho a utilizar los pisos durante un mes al año.
«Nos dijeron que el dinero sería suficiente para pagar la hipoteca, pero sólo nos han ofrecido 2.000 euros al año por cada piso, cuando yo pago 1.200 euros al mes por tres de ellos», explicaba Marina Sánchez Romero, una chiclanera dueña de tres viviendas, que ayer desplegó una pancarta ante el juzgado de Barbate en la que acusaba a la promotora de «estafarles». El juicio, sin embargo, se ha desarrollado por la vía Civil (una estafa iría por lo Penal) y en él, los demandantes reclaman que se les pague a cada uno 36.000 euros por cada piso, equivalentes a 8.000 euros al año desde 2007. Esta cantidad es la que una vivienda de este tipo renta anualmente de media, según un estudio pericial encargado por los propietarios.
«También hemos pedido la nulidad del contrato por el que se cedía la explotación turística del inmueble», explicaba ayer el letrado Jesús Faustino Sánchez, del bufete madrileño VAS Abogado que representa a los supuestos afectados. Sánchez recordó que en el contrato «no está determinada ni hay posibilidades de determinar» la cantidad que recibirían los dueños como beneficio. En la práctica, un 30% de la renta bruta obtenida por cada vivienda corresponde a la empresa Mego y otro 40% a las gestoras Caños de Meca y Guadalupe Servicios Integrales, a las que la promotora cedió la explotación de los apartamentos turísticos y que se encargan tanto del alquiler como de ofrecer una serie de servicios hoteleros en ellos, como la limpieza o la seguridad. El resto de beneficios va destinado a los propietarios de los inmuebles. Según explicaba ayer Francisco Rivera, de la gestora Caños de Meca, «se ha pagado a los propietarios religiosamente, aunque algunos se han negado a cobrar, porque creen que es poco dinero. Pero es que no tienen claro el concepto de lo que han comprado».
Una inversión, no una compra
Rivera aclara que los dueños de las viviendas son, en realidad, inversores de un negocio de apartamentos turísticos «que a veces va mejor y otras peor»; y recuerda que si bien el contrato de cesión tiene un plazo de validez de 10 años -hasta 2017-, la naturaleza hotelera de las viviendas es de por vida y no pueden ser convertidas en segundas residencias, ni recibir cédulas de habitabilidad. Por tanto, según explica Rivera, sencillamente «se aplica la Ley de Turismo».
Los demandantes también consideran «excesivo» que durante el mes al que tienen derecho a usar las viviendas se les cobre un alquiler, menor eso sí al del resto de clientes. Pero desde la explotadora de los apartamentos se recuerda que el dinero equivale a los servicios -luz, seguridad, agua- que disfrutan, y que de no cobrarse esas cantidades, se cometería un agravio comparativo con los dueños que compraron sólo como inversión, y no utilizan los apartamentos. El caso ha quedado visto para sentencia.
Fuente: La Voz de Cádiz
