El Gobierno español ha pedido a la Comisión Europea que se prorrogue de forma transitoria, al menos por un año, el actual acuerdo pesquero con Marruecos, que caduca el próximo día 27, ante la imposibilidad de que se cierre un nuevo pacto para esa fecha, según fuentes gubernamentales. España es el primer beneficiario de este convenio, ya que le corresponden 100 de las 119 licencias adjudicadas a la flota comunitaria. Su expiración supondría la paralización de la flota y un golpe para localidades como Barbate (Cádiz), cuya economía depende en buena parte de este acuerdo.
La comisaria europea ha propuesto excluir las aguas del Sáhara
La renovación se ha visto dificultada por las diferencias entre el Gobierno español y la comisaria europea de Pesca, la griega Maria Damanaki, responsable de la negociación por parte de Bruselas. La comisaria propuso en diciembre pasado excluir del acuerdo con Marruecos el banco sahariano, situado frente a la ex colonia española, lo que rechazó de plano el Gobierno español, ya que el 80% de sus pesqueros faenan precisamente en esa zona, que es la más rica.
Damanaki basaba su propuesta en un informe de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo que planteaba suspender el acuerdo o excluir las aguas del Sáhara Occidental, ya que la comunidad internacional no reconoce a Marruecos soberanía sobre las mismas. Argumentaba además que no se había demostrado que la población saharaui se beneficiara de la explotación de estos recursos.
Rabat contestó a los requerimientos de la comisaria europea con informes que intentaba demostrar, por vez primera, que los beneficios del acuerdo pesquero revierten en la ex colonia española, pero Damanaki no se ha dado hasta ahora por satisfecha.
Por su parte, el representante del Frente Polisario ante la UE, Mohamed Yeslem Beissat, llamó el lunes a la Comisión a "corregir la ilegalidad" que supone incluir las aguas del Sáhara en el acuerdo pesquero con Rabat. Beissat contrapuso la actitud de la UE con la de Estados Unidos que "ha dejado claro, bajo circunstancias similares, que sus acuerdos con Marruecos no incluyen el Sáhara Occidental".
El acuerdo vigente se firmó el 29 de julio de 2005, pero no entró en vigor hasta el 28 de febrero de 2007, por un periodo de cuatro años. De las 119 licencias, 100 corresponden a España y las restantes a otros diez países europeos. Andalucía, con 42 licencias, y Canarias, con 37, son las más beneficiadas. Además, el acuerdo incluye un cupo adicional de 60.000 toneladas para la pesca artesanal pelágica (anchoa, caballa y arenque). Marruecos recibe por su parte una compensación financiera de 36,1 millones de euros al año (144,4 millones en los cuatro años de vigencia del acuerdo).
Con ser importante, el actual convenio es mucho más modesto que el anterior, que estuvo en vigor entre 1995 y 1999 y que incluía 629 licencias y compensaciones económicas por valor de 500 millones. Entre 1999 y 2005 no hubo ningún acuerdo, lo que obligó a pagar por el amarre de la flota y a someterla a una profunda reestructuración.
La aplicación del actual acuerdo no ha estado exento de problemas, como la retención de pesqueros por parte de las autoridades marroquíes o la amenaza de renunciar a las licencias por parte del algunos armadores, ante su escasa rentabilidad. Uno de sus resultados ha sido, sin embargo, la potenciación de una industria pesquera al sur del Estrecho, que cuenta con unos 150 buques pertenecientes a sociedades mixtas hispano-marroquíes, y destina el 90% de sus capturas al mercado español.
Fuentes del Gobierno español subrayan que el convenio pesquero tiene una importancia que trasciende su volumen económico, ya que es uno de los elementos que contribuye a dar contenido al acuerdo de asociación entre Marruecos y la UE.
Su finalización coincide además con la tramitación en el Parlamento Europeo del nuevo acuerdo agrícola con Rabat, que liberaliza el comercio de frutas y hortalizas y aumenta, por ejemplo, en 52.000 toneladas el contingente de tomate marroquí en un periodo de cuatro años. El acuerdo ha provocado el rechazo de las principales organizaciones agrarias españolas que alegan que los países no controlan el cumplimiento de los contingentes, lo que permite a Marruecos inundar los mercados europeos con sus productos.
Al igual que ocurriera el año pasado con el convenio pesquero, los servicios jurídicos del Parlamento Europeo han cuestionado la aplicación del acuerdo agrícola entre Marruecos y la UE al territorio del Sáhara Occidental. Una mayoría de diputados de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara (incluidos el Partido Popular Europeo, Los Verdes y el Grupo Liberal) abogaron ayer por no ratificar el acuerdo, según informa Efe.
Fuente:
El País 
