El proceso penal del 'Nuevo Pepita Aurora', el pesquero barbateño que se hundió en Tarifa en septiembre de 2007 y en cuyo naufragio murieron ocho personas, sigue aún su largo y lento camino en el juzgado de instrucción número 3 de Algeciras.
Sin embargo, el patrón del barco (José V. C.) y único imputado en esta causa como supuesto responsable del hundimiento, se sentará en el banquillo mucho antes, el próximo 12 de febrero, a causa del naufragio. Este juicio, sin embargo, tendrá lugar en otra jurisdicción -en los juzgados de lo Social- y en él no se le juzgará por un crimen, sino por una irregularidad laboral: tendrá que responder por una demanda interpuesta por la viuda de uno de los pescadores fallecidos, que reclama un recargo en la pensión de viudedad por supuestas «infracciones en las medidas de seguridad e higiene» en en el barco.
¿Hubo negligencias?
Además del patrón, están incluidos en la demanda el apoderado y la administradora de la empresa Nuevo Pepita Aurora S. L.: José V. R. y Teresa V. C, familiares del dueño. Pero también se dirige contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, ya que en último término son las instituciones encargadas de pagar el recargo de la pensión y son las que lo denegaron a la viuda.
En todo caso, lo más trascendental del juicio es que por primera vez (y casi como un prólogo del juicio penal) un juez deberá determinar si las causas del naufragio fueron las supuestas negligencias que se le imputan al patrón: entre ellas, que el navío tenía las 'falucheras' -aberturas del costado- cerradas y tapadas con las redes, por lo que no pudieron evacuar agua; o que el barco llevaba más peso del permitido en las artes, que le hicieron perder la estabilidad. A estas conclusiones llegó la Comisión de Siniestros Marítimos del Ministerio de Fomento, que el abogado de la viuda -Ramón Dávila- ha aportado como prueba de la «violación flagrante de la normativa preventiva de riesgos laborales». El informe, en todo caso, se encuentran todavía en un sumario en proceso de instrucción, a cargo del juez de Algeciras que lleva el caso por la vía penal, en el que se intenta aclarar las causas del hundimiento.
De hecho, la defensa de José V. C. ha llegado a plantear que el naufragio pudo estar provocado por irregularidades en la fabricación del barco y no por estas supuestas irregularidades de seguridad.
Para aclarar estas dudas, el patrón ha solicitado incluso que se reflote el pesquero (hundido a tres millas de la costa de Tarifa) para analizar su estabilidad en dique seco, y la Audiencia ha confirmado que esta diligencia sería «conveniente» para saber qué ocurrió. Sin embargo, la operación se encuentra ahora paralizada, pues el juez y la misma Audiencia consideran que el reflotamiento debe ser pagado por quien la solicita. Curiosamente, la familia que ha presentado la demanda por la vía social pidió también esta prueba pericial.
Como se adelantó ayer, el coste del rescate ascendería a un millón y medio de euros, según ha calculado la Dirección General de Marina Mercante, pero tanto José V. C. como las viudas de los desaparecidos han reconocido que no pueden sufragar esta cantidad, pues creen que debe ser el Estado quien se encargue de ello.
Fuente: La Voz de Cádiz
