En Conil, junto a la playa de La Fontanilla, la cadena Hipotels está construyendo un hotel. Esto es una noticia porque desde hace tres años, cuando los promotores empezaron a intuir la crisis e iniciaron su particular hibernación, ninguna empresa ha puesto ladrillo sobre ladrillo en la Costa de la Luz. La falta de liquidez y crédito y la pérdida de rentabilidad del sector turístico han paralizado la mayoría de los proyectos, muchos, después de largos procesos de tramitación. Es cierto que el parón de las grúas es generalizado en el país. Pero en Cádiz, que todavía conserva amplios tramos de litoral salvaje en municipios como Conil, Vejer, Barbate o Tarifa, ha supuesto un paréntesis decisivo, un respiro en la carrera, y también una oportunidad para los que reclaman la necesidad de replantear el futuro de la costa.
Hay un ejemplo del cambio de ciclo en la decisión adoptada esta semana por la Junta de Andalucía sobre la playa de Mangueta, en Vejer. En un ejercicio de malabarismo administrativo, el Gobierno andaluz ha declarado "espacio protegido de interés territorial" el mismo tramo de costa que hace nueve meses declaró "área de oportunidad para el desarrollo turístico". Merece la pena conocer este caso.
Un grupo de empresas compró en 2004 la mayor parte de Mangueta, un tramo de alrededor de un kilómetro de costa, junto a El Palmar, "virgen" en el sentido amplio del concepto: sin construcciones -ni hoteles para pasar las vacaciones ni casas ilegales para lo mismo-, de difícil acceso a través de angostos carriles, poco visitada e incluso poco conocida frente a otros destinos de la Costa de la Luz. Una playa de las que quedan pocas.
El único inversor del que se tuvo constancia en la operación fue Caixa Catalunya. Pagó algo menos de 30 millones de euros por el terreno y anunció que construiría un complejo turístico llamado Mangueta Golf, con 2.600 viviendas. Tal era su nivel de certeza de que aquel suelo rústico, suelo para sembrar en la fértil laguna de La Janda, sería urbanizable algún día.
En 2007, quedó constancia de que la gran caja catalana había acertado. El Ayuntamiento de Vejer, dirigido por Antonio Verdú (PSOE), incluyó el desarrollo urbanístico de Mangueta en el avance de su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU): tres hoteles de 200 o 300 habitaciones, varias urbanizaciones y un campo de golf. Verdú abanderaba el consenso social para afrontar este proyecto. Vejer había quedado rezagado en la carrera turística de litoral y quería para su costa lo mismo que los vecinos: empleo y riqueza, o, al menos, la expectativa de ambos.
Así lo defendió ante la Junta. La Administración, en primera instancia, desoyó la petición y declaró la playa área protegida en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de La Janda. Consideraba que Mangueta debía aliviar la carga urbanística de este tramo del litoral. Tras las alegaciones de Vejer, cambió de opinión y admitió que el uso turístico de este espacio era de interés para la comarca, aunque blindando los primeros 500 metros de costa y eliminando el golf proyectado. Éste fue el documento aprobado por las comisiones responsables de la ordenación del territorio en Cádiz y en Andalucía.
Pero el giro, que incluía otros dos proyectos turísticos en Barbate (junto a La Breña y en el río Barbate), ha sido censurado en última instancia por el equipo de la consejera de Ordenación del Territorio, Josefina Cruz, que ha obligado a sus compañeros en Cádiz a rectificar los cambios introducidos en el planeamiento, excluir los tres proyectos y blindar Mangueta.
Ecologistas en Acción ha jugado un papel importante en este proceso, al igual que la cada vez más dura oposición social, sin matices ni consideraciones, a que se urbanice el litoral. La Junta ha justificado su decisión en el interés por dar "solidez jurídica" al POT, pero también ha esgrimido que La Janda no necesita ahora nuevos desarrollos cuando hay proyectos hoteleros de envergadura aprobados y pendientes de ejecución en El Palmar, en La Fontanilla -Conil-, y junto al faro de Trafalgar, en Barbate.
"A apenas dos kilómetros de Mangueta, en El Palmar, sin salir de Vejer, tenemos uno", han recordado esta semana fuentes de la Administración regional. Es el proyecto de Malcucaña, bautizado por los promotores como El Palmar Beach Eco-Resort: un apartahotel de lujo de 650 habitaciones junto a una playa excepcional, y en un paraje en el que existen más de un millar de casas ilegales. Así es El Palmar.
La iniciativa se gestó a principios de la última década de la mano de Riera Marsá. En 2007, la empresa mallorquina se retiró de Vejer sin financiación para hacer frente a 50 millones que requería el proyecto. Uno de sus principales acreedores, el grupo GTM, presidido por el sevillano Juan Muñoz Tamara, se hizo cargo del proyecto, y, desde entonces, busca socios hoteleros.
No hay prisas para construir el hotel de Malcucaña. En enero, Muñoz Tamara declaró que "las fechas de ejecución del plan son las mismas que las de la recuperación del país". En el paréntesis, la plataforma opositora Salvemos El Palmar ha aglutinado 55.000 seguidores en internet y ha consolidado una estructura organizativa mínima para presionar a la Administración, que reitera que este proyecto cuenta ya con todos los parabienes legales, que no hay vuelta atrás, salvo la que pueda dar el promotor.
La playa de La Fontanilla, en Conil, el primer gran hallazgo de los viajeros alemanes en la Costa de la Luz a mediados de los sesenta, también tiene planificado su futuro hotelero. Justo al norte del pueblo marinero es donde Hipotels inaugurará el 1 de junio su séptimo negocio en Cádiz. Hasta la Fuente del Gallo, aún quedan dos kilómetros de costa en los que el Plan General del pueblo (2003) habilita espacio para cuatro grandes hoteles más. Un pequeño Novo Sancti Petri, a expensas de inversores. Planes a largo plazo.
Más incierto es el futuro del plan para construir varios hoteles con hasta 600 habitaciones en la ensenada de Trafalgar, otro proyecto cuya génesis se remonta a principios de la última década. El Ayuntamiento de Barbate culminó en noviembre del año pasado la reclasificación de 300.000 metros cuadrados de terreno junto al faro, pero con una peculiaridad: el suelo es urbanizable pero no hay inversores dispuestos a construir los hoteles.
Las cadenas Hipotels y Robinson Club (Grupo TUI) salieron escaldadas por la sucesión de acontecimientos en los últimos años: la reducción de las posibilidades de edificación impuesta por la Junta; un enconado conflicto con la familia propietaria del suelo; y el cambio sustancial del mercado del ladrillo y en turismo. Esto no tiene nada que ver con lo que era.
Fuente: Diario de Sevilla
Hay un ejemplo del cambio de ciclo en la decisión adoptada esta semana por la Junta de Andalucía sobre la playa de Mangueta, en Vejer. En un ejercicio de malabarismo administrativo, el Gobierno andaluz ha declarado "espacio protegido de interés territorial" el mismo tramo de costa que hace nueve meses declaró "área de oportunidad para el desarrollo turístico". Merece la pena conocer este caso.
Un grupo de empresas compró en 2004 la mayor parte de Mangueta, un tramo de alrededor de un kilómetro de costa, junto a El Palmar, "virgen" en el sentido amplio del concepto: sin construcciones -ni hoteles para pasar las vacaciones ni casas ilegales para lo mismo-, de difícil acceso a través de angostos carriles, poco visitada e incluso poco conocida frente a otros destinos de la Costa de la Luz. Una playa de las que quedan pocas.
El único inversor del que se tuvo constancia en la operación fue Caixa Catalunya. Pagó algo menos de 30 millones de euros por el terreno y anunció que construiría un complejo turístico llamado Mangueta Golf, con 2.600 viviendas. Tal era su nivel de certeza de que aquel suelo rústico, suelo para sembrar en la fértil laguna de La Janda, sería urbanizable algún día.
En 2007, quedó constancia de que la gran caja catalana había acertado. El Ayuntamiento de Vejer, dirigido por Antonio Verdú (PSOE), incluyó el desarrollo urbanístico de Mangueta en el avance de su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU): tres hoteles de 200 o 300 habitaciones, varias urbanizaciones y un campo de golf. Verdú abanderaba el consenso social para afrontar este proyecto. Vejer había quedado rezagado en la carrera turística de litoral y quería para su costa lo mismo que los vecinos: empleo y riqueza, o, al menos, la expectativa de ambos.
Así lo defendió ante la Junta. La Administración, en primera instancia, desoyó la petición y declaró la playa área protegida en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de La Janda. Consideraba que Mangueta debía aliviar la carga urbanística de este tramo del litoral. Tras las alegaciones de Vejer, cambió de opinión y admitió que el uso turístico de este espacio era de interés para la comarca, aunque blindando los primeros 500 metros de costa y eliminando el golf proyectado. Éste fue el documento aprobado por las comisiones responsables de la ordenación del territorio en Cádiz y en Andalucía.
Pero el giro, que incluía otros dos proyectos turísticos en Barbate (junto a La Breña y en el río Barbate), ha sido censurado en última instancia por el equipo de la consejera de Ordenación del Territorio, Josefina Cruz, que ha obligado a sus compañeros en Cádiz a rectificar los cambios introducidos en el planeamiento, excluir los tres proyectos y blindar Mangueta.
Ecologistas en Acción ha jugado un papel importante en este proceso, al igual que la cada vez más dura oposición social, sin matices ni consideraciones, a que se urbanice el litoral. La Junta ha justificado su decisión en el interés por dar "solidez jurídica" al POT, pero también ha esgrimido que La Janda no necesita ahora nuevos desarrollos cuando hay proyectos hoteleros de envergadura aprobados y pendientes de ejecución en El Palmar, en La Fontanilla -Conil-, y junto al faro de Trafalgar, en Barbate.
"A apenas dos kilómetros de Mangueta, en El Palmar, sin salir de Vejer, tenemos uno", han recordado esta semana fuentes de la Administración regional. Es el proyecto de Malcucaña, bautizado por los promotores como El Palmar Beach Eco-Resort: un apartahotel de lujo de 650 habitaciones junto a una playa excepcional, y en un paraje en el que existen más de un millar de casas ilegales. Así es El Palmar.
La iniciativa se gestó a principios de la última década de la mano de Riera Marsá. En 2007, la empresa mallorquina se retiró de Vejer sin financiación para hacer frente a 50 millones que requería el proyecto. Uno de sus principales acreedores, el grupo GTM, presidido por el sevillano Juan Muñoz Tamara, se hizo cargo del proyecto, y, desde entonces, busca socios hoteleros.
No hay prisas para construir el hotel de Malcucaña. En enero, Muñoz Tamara declaró que "las fechas de ejecución del plan son las mismas que las de la recuperación del país". En el paréntesis, la plataforma opositora Salvemos El Palmar ha aglutinado 55.000 seguidores en internet y ha consolidado una estructura organizativa mínima para presionar a la Administración, que reitera que este proyecto cuenta ya con todos los parabienes legales, que no hay vuelta atrás, salvo la que pueda dar el promotor.
La playa de La Fontanilla, en Conil, el primer gran hallazgo de los viajeros alemanes en la Costa de la Luz a mediados de los sesenta, también tiene planificado su futuro hotelero. Justo al norte del pueblo marinero es donde Hipotels inaugurará el 1 de junio su séptimo negocio en Cádiz. Hasta la Fuente del Gallo, aún quedan dos kilómetros de costa en los que el Plan General del pueblo (2003) habilita espacio para cuatro grandes hoteles más. Un pequeño Novo Sancti Petri, a expensas de inversores. Planes a largo plazo.
Más incierto es el futuro del plan para construir varios hoteles con hasta 600 habitaciones en la ensenada de Trafalgar, otro proyecto cuya génesis se remonta a principios de la última década. El Ayuntamiento de Barbate culminó en noviembre del año pasado la reclasificación de 300.000 metros cuadrados de terreno junto al faro, pero con una peculiaridad: el suelo es urbanizable pero no hay inversores dispuestos a construir los hoteles.
Las cadenas Hipotels y Robinson Club (Grupo TUI) salieron escaldadas por la sucesión de acontecimientos en los últimos años: la reducción de las posibilidades de edificación impuesta por la Junta; un enconado conflicto con la familia propietaria del suelo; y el cambio sustancial del mercado del ladrillo y en turismo. Esto no tiene nada que ver con lo que era.
Fuente: Diario de Sevilla
