El Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz celebra el próximo miércoles el juicio laboral en el que se abordará la demanda interpuesta por cuatro de las viudas de marineros fallecidos en el hundimiento del Nuevo Pepita Aurora para obtener el recargo a sus prestaciones de viudedad y orfandad (en el caso de sus hijos) derivado de la falta de medidas de seguridad que existía en el pesquero barbateño. En el juicio intervendrán el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el armador de la embarcación (también patrón), José Vega.
El INSS ha denegado, en primera instancia, la solicitud de recargo de estas prestaciones alegando que la Inspección de Trabajo no ha emitido ningún acta de infracción sobre el pesquero ni ha impuesto sanciones al armador, según informó ayer el abogado Ramón Dávila, que representa a las cuatro mujeres demandantes.
El letrado explicó que la normativa establece que, cuando se acreditan insuficiencias en las medidas de seguridad del entorno laboral, debe compensarse a los afectados con un margen de incremento de entre el 30% y el 50% de las prestaciones que reciben. Éste es, subraya, el caso de sus clientas (y los hijos de éstas), pues las deficiencias de seguridad del Pepita Aurora quedaron demostradas en el informe de la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante.
El documento concluye que el naufragio fue una consecuencia de que el peso de las redes era superior a lo permitido -8,5 toneladas frente a las 2 establecidas- y de que el barco tenía taponados los agujeros de desagüe. El informe no tiene un carácter vinculante pero sí es una pieza esencial en la investigación del suceso, que costó la vida a ocho marineros.
"Aunque parezca mentira, esos recargos han sido denegados por el INSS", señaló Dávila, que detecta en la burocracia de la Administración la raíz del problema. "Se habló mucho de apoyar a las víctimas, se habló de solucionar sus problemas, pero la realidad es que se encuentran en una situación de abandono", lamentó el letrado gaditano.
Las pensiones que reciben las viudas de los marineros del pesquero siniestrado en 2007 se calcularon atendiendo al cómputo de años cotizados de las víctimas, sus ingresos y el número de miembros de cada unidad familiar. La renta mensual, apuntó Dávila, oscila entre los 800 y 900 euros, "en algunos casos, menos", pues las bases de cotización eran reducidas. Tras el accidente, el 5 de septiembre de 2007, los pagos de la Seguridad Social se retrasaron hasta tres meses debido, según alegó el organismo, a la dificultad de creditar el accidente laboral. El Ayuntamiento de Barbate llegó a aprobar en Pleno una reclamación al INSS para pedir el pago inmediato de las pensiones, que después se normalizó.
El juicio laboral que se desarrollará la próxima semana en Cádiz es independiente del procedimiento penal que se desarrolla en el Juzgado Número 3 de Algeciras. Este caso está pendiente de juicio después de que no haya logrado determinarse quién debería sufragar los costes del reflotamiento del pesquero, que se encuentra hundido en una plataforma a aproximadamente una milla del sur de Punta de Gracia (frente a la playa de Los Alemanes entre Barbate y Tarifa) y a una profundidad de 29 metros.
La Audiencia Provincial de Cádiz admitió en 2010 una petición de la defensa del armador en la que destacaba que sacar el barco a la superficie era conveniente y de especial interés para determinar las causas del naufragio, un capítulo en el que ya ha profundizado la investigación.
El juzgado de Algeciras instó al patrón del Nuevo Pepita a que se hiciera cargo de la operación de reflotamiento, tasada por los especialistas de la Dirección General de la Marina Mercante entre 1,5 y 2,5 millones. La defensa del único imputado en la causa recurrió la decisión alegando que el patrón/armador carece de recursos para hacer frente a un coste semejante y pidió que fuera la Administración la que se haga cargo del reflotamiento. La alternativa, sin embargo, ha sido rechazada, por lo que es muy improbable que los restos del Nuevo Pepita vuelvan algún día a la superficie.
Fuente: Diario de Cádiz
El INSS ha denegado, en primera instancia, la solicitud de recargo de estas prestaciones alegando que la Inspección de Trabajo no ha emitido ningún acta de infracción sobre el pesquero ni ha impuesto sanciones al armador, según informó ayer el abogado Ramón Dávila, que representa a las cuatro mujeres demandantes.
El letrado explicó que la normativa establece que, cuando se acreditan insuficiencias en las medidas de seguridad del entorno laboral, debe compensarse a los afectados con un margen de incremento de entre el 30% y el 50% de las prestaciones que reciben. Éste es, subraya, el caso de sus clientas (y los hijos de éstas), pues las deficiencias de seguridad del Pepita Aurora quedaron demostradas en el informe de la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante.
El documento concluye que el naufragio fue una consecuencia de que el peso de las redes era superior a lo permitido -8,5 toneladas frente a las 2 establecidas- y de que el barco tenía taponados los agujeros de desagüe. El informe no tiene un carácter vinculante pero sí es una pieza esencial en la investigación del suceso, que costó la vida a ocho marineros.
"Aunque parezca mentira, esos recargos han sido denegados por el INSS", señaló Dávila, que detecta en la burocracia de la Administración la raíz del problema. "Se habló mucho de apoyar a las víctimas, se habló de solucionar sus problemas, pero la realidad es que se encuentran en una situación de abandono", lamentó el letrado gaditano.
Las pensiones que reciben las viudas de los marineros del pesquero siniestrado en 2007 se calcularon atendiendo al cómputo de años cotizados de las víctimas, sus ingresos y el número de miembros de cada unidad familiar. La renta mensual, apuntó Dávila, oscila entre los 800 y 900 euros, "en algunos casos, menos", pues las bases de cotización eran reducidas. Tras el accidente, el 5 de septiembre de 2007, los pagos de la Seguridad Social se retrasaron hasta tres meses debido, según alegó el organismo, a la dificultad de creditar el accidente laboral. El Ayuntamiento de Barbate llegó a aprobar en Pleno una reclamación al INSS para pedir el pago inmediato de las pensiones, que después se normalizó.
El juicio laboral que se desarrollará la próxima semana en Cádiz es independiente del procedimiento penal que se desarrolla en el Juzgado Número 3 de Algeciras. Este caso está pendiente de juicio después de que no haya logrado determinarse quién debería sufragar los costes del reflotamiento del pesquero, que se encuentra hundido en una plataforma a aproximadamente una milla del sur de Punta de Gracia (frente a la playa de Los Alemanes entre Barbate y Tarifa) y a una profundidad de 29 metros.
La Audiencia Provincial de Cádiz admitió en 2010 una petición de la defensa del armador en la que destacaba que sacar el barco a la superficie era conveniente y de especial interés para determinar las causas del naufragio, un capítulo en el que ya ha profundizado la investigación.
El juzgado de Algeciras instó al patrón del Nuevo Pepita a que se hiciera cargo de la operación de reflotamiento, tasada por los especialistas de la Dirección General de la Marina Mercante entre 1,5 y 2,5 millones. La defensa del único imputado en la causa recurrió la decisión alegando que el patrón/armador carece de recursos para hacer frente a un coste semejante y pidió que fuera la Administración la que se haga cargo del reflotamiento. La alternativa, sin embargo, ha sido rechazada, por lo que es muy improbable que los restos del Nuevo Pepita vuelvan algún día a la superficie.
Fuente: Diario de Cádiz