Veinte personas se sientan hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial de Cádiz acusados de pertenecer a dos organizaciones criminales -una española y otra marroquí- que supuestamente introducían hachís por la costa barbateña. Fueron detenidos durante la llamada 'operación Ojiva', que hace justo dos años -en noviembre de 2008- fue llevada a cabo por la Guardia Civil en la localidad barbateña, con una macro redada que cerró a cal y canto la ciudad barbateña por tierra, mar y aire durante toda una noche.
Aunque los juicios contra macrooperaciones son habituales en la Audiencia Provincial, este caso se desmarca por una singular casualidad, ya que se trata de las últimas bandas en ser juzgadas antes de que entre en vigor -el próximo 23 de diciembre- el nuevo Código Penal, aprobado en el Congreso el pasado mes de junio. La nueva ley reducirá el tramo de penas para los que trafiquen con cocaína y heroína y ha obligado a revisar las condenas de al menos 186 narcos de la provincia (como informó este periódico recientemente). Sin embargo, cuando se refiere a las grandes organizaciones del hachís, como las que operan en la provincia de Cádiz, la normativa endurece los castigos.
Al menos cuatro de los que hoy serán juzgados podrían beneficiarse de esta revisión penal, en caso de ser condenados, pues están acusados también por un delito de tráfico de cocaína, por el que se le piden penas que van de los cuatro a los seis años de prisión. Si bien, estos castigos se encuentran dentro del tramo de penas previsto por la nueva normativa. Otros siete acusados podrían alcanzar un acuerdo de conformidad para reducir las condenas a cambio de reconocer los hechos.
La mayoría de los imputados son vecinos de la provincia de Cádiz, aunque también hay dos ciudadanos colombianos y tres marroquíes a los que se les supone miembros de la mafia de Marruecos propietaria de la droga. Uno de ellos, llamado Benaisa M. -de 40 años-, está considerado por la Fiscalía el «jefe de la organización marroquí», aunque estaba establecido en España y contaba con cuatro fincas y una supuesta sociedad tapadera sin actividad en Estepona (Málaga). Benaisa ha sido ya condenado por narcotráfico por la Audiencia Nacional, y además tiene otras causas abiertas por el mismo motivo. Del lado español se sienta igualmente el que está considerado como el supuesto cabecilla de la red de narcos: Joaquín O. F, de 41 años, que si bien también contaba con antecedentes penales, no son por tráfico de drogas.
Un alijo frustrado
Según explica la fiscal en su escrito de acusación, tanto Joaquín como su «mano derecha» -Francisco C. M.- organizaron un alijo de hachís en las costas de Barbate, para el que se pusieron en contacto supuestamente con la banda de Benaisa. Durante meses se reunieron con él y sus lugartenientes en diversos puntos de Cádiz y Málaga, siempre vigilados por la Guardia Civil. Hasta que el 31 de octubre de 2008, salió la droga de las costas de Marruecos en una lancha de seis metros, con destino a la playa del Botero, donde la esperaban los miembros de ambos grupos.
El hachís, sin embargo, nunca llegó, pues la embarcación naufragó debido al mal tiempo y al menos uno de sus dos pilotos murió ahogado. El segundo, hermano de Benaisa, logró escapar. En la misma noche falleció también uno de los supuestos miembros de la organización española, aunque la Fiscalía no explica en qué circunstancias.
El accidente no sólo frustró los planes de los narcos aquella noche, sino también los de la Guardia Civil, que logró incautar media tonelada de hachís, pero no pudo detener a nadie. Los arrestos de los ahora acusados llegaron el 19 de noviembre de 2008, en la macro redada llevada a cabo en Barbate. Varios meses después, en abril de 2009, todavía se produjeron algunas detenciones más: las de los padres del 'lugarteniente' de la banda española, que pusieron a su nombre los bienes y una finca de su hijo, supuestamente pagados con el dinero del narcotráfico. También ellos se sientan hoy en el banquillo.
Fuente: La Voz de Cádiz
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