A fecha 30 de junio de 2010, según datos oficiales que Presidencia ha trasladado al Congreso de los Diputados, la deuda de la Administración Central con la Seguridad Social alcanzaba la cifra de 121.796.227 euros, y la de los ayuntamientos era de 150.762.384 euros.
Como para intentar tranquilizar, el Gobierno acompaña este informe de una confusa aclaración: «La Administración de la Seguridad Social, y más concretamente la Tesorería General, viene realizando una intensa labor en orden a la depuración de deuda, que responde fundamentalmente a diferencias de cotización y recargos, en su mayor parte, por el procedimiento de pago a través de Entidad Financiera, que causa incidencias que entrañan dificultades tanto en el control de la recaudación como en el ingreso en plazo de cuotas por los distintos ministerios u organismos públicos». Añade, parece también que con ánimo sedante, que con la colaboración y coordinación del Ministerio de Economía y Hacienda «se están realizando las actuaciones necesarias en orden a regularizar la situación», tal y como recomienda el Tribunal de Cuentas en su «Informe de Fiscalización especial sobre la recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social de las cotizaciones no ingresadas en plazo reglamentario y en fase anterior a su gestión por las Unidades de Recaudación Ejecutiva». Así suena la explicación oficial, que no maquilla los datos ni tapa los daños que está dejando la crisis económica, en este caso con otro inquietante agujero en los fondos de la Seguridad Social.
El momento no puede ser más delicado: el pasado ejercicio se cerró con el peor resultado registrado en los últimos tres años. El persistente aumento del paro y la caída de ingresos por cotizaciones sociales redujeron en un 71,9 por ciento el superávit de la Seguridad Social en 2010, hasta los 2.382,97 millones de euros, el 0,22 por ciento del PIB.
Estos números negros se alejan bastante de los 2.800 millones de euros de superávit con los que el Gobierno preveía cerrar el ejercicio pasado. Desde 2008, el superávit de la Seguridad Social ha caído un 83 por ciento, lo que supone más de 12.000 millones de euros.
Los intereses de la «hucha» de las pensiones, es decir, del fondo de reserva creado en 2000 por el Gobierno de Aznar para garantizar el pago de las jubilaciones ante un eventual empeoramiento de la economía, son los que evitaron que el sistema cerrase el año con un déficit de 278 millones de euros.
La estadística del Gobierno
La información oficial que ha entrado en el registro del Congreso detalla la deuda con la Seguridad Social de todos los Ministerios; de los Organismos Autónomos y Agencias Estatales; de las Sociedades Mercantiles Estatales y las Entidades Empresariales del Estado; y de los Ayuntamientos. A estas cifras habría que añadir la de las comunidades autónomas.
En su conjunto, confirman la regla de que cuando vienen malas, una de las salidas de las Administraciones Públicas es dejar de pagarse las unas a las otras, sin importar que por medio estén en liza fondos que afectan directamente al futuro del Estado del Bienestar.
Ante este cuadro general de síntomas propios de quien está en la UVI financiera, las corporaciones locales, por ejemplo, están todas siguiendo el mismo patrón para no suspender el pago de nóminas (por miedo a la contestación social): después de cortar lo que consideran como gastos superfluos, han cerrado el grifo a los proveedores, después han dejado de pagar la electricidad y la luz, y por último, en el cenit de la asfixia económica, las cotizaciones sociales –es la solución «in extremis» porque el Gobierno tiene a su alcance el instrumento de retenerles a cambio su participación en los ingresos del Estado. De los municipios pequeños, casi el 40 por ciento no abonan ya la electricidad y el teléfono, aprovechándose de que las compañías son bastante flexibles en la negociación por miedo a tener que asumir la responsabilidad de cortes o averías.
Los impagos a la Seguridad Social ocultan además déficit, porque el sistema los imputa como ingresos, de acuerdo con el principio de que toda deuda reconocida por una Administración Pública se da por hecho que va a ser pagada.
Sin margen de maniobra
En una situación normal, lo lógico sería que la Seguridad Social embargara las transferencias pendientes de pago, pero no hay normalidad, sino urgencia, y por miedo a una quiebra no se está actuando ni en este caso, ni ante otros parecidos.
También en una situación normal, cuando la deuda alcanza un tamaño considerable el procedimiento consiste en que el deudor y la Seguridad Social se sientan mano a mano a diseñar un plan de saneamiento. Impensable en estos momentos.
Por Ministerios, Educación, con 57.837.340 euros, es el departamento que acumula un mayor número de impagos a la Seguridad Social, seguido por Justicia, con 31.405.971 euros. Sorprendentemente, por lo reducido de su tamaño y lo simbólico de su acción, el tercer puesto del ranking lo ocupa Cultura, con 11.826.144 euros.
Las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales del Estado han dejado de pagar 2.341.838 euros. Sesticarsa, dependiente del Ministerio de Fomento, lidera la lista de impagos, con 1.626.295 euros. Su capital social está participado mayoritariamente por la Autoridad Portuaria de Cartagena. Los organismos autónomos y agencias estatales deben a la Seguridad Social en su conjunto 1.649.742 euros.
Las vergüenzas locales
Los datos de las corporaciones locales dejan un mapa muy desigual: hay pequeños ayuntamientos que están cumpliendo con bastante rigor con sus obligaciones y acumulan impagos anecdóticos, como es el caso de los consistorios de Relleu (Alicante), de Huercal Overa (Almería), de Villalba de los Barros (Badajoz) o de Sant Just Desvern (Barcelona). El saldo de otros es escandaloso ya que su deuda alcanza la que acumulan todos los organismos autónomos y agencias estatales, por tomar un valor como referencia, y a veces la multiplica por miles. Tarifa (Cádiz) acumula 18.096.761 euros de deuda; y
Barbate (Cádiz), 26.873.155 euros.
El PP plantea un «plan paliativo»
- El presidente del PP, Mariano Rajoy, acompañado por su vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, se reunirá hoy con alcaldes de su partido para estudiar la puesta en marcha de medidas que alivien las cargas financieras de los ayuntamientos. El coordinador de Política Autonómica, Juan Manuel Moreno, adelantó ayer a este diario que el PP propondrá un plan de actuaciones «paliativas» que supongan un alivio sin incrementar la
carga del Estado, y que se puedan ejecutar con rapidez, sin necesidad de complicadas reformas legislativas. Entre ellas, citó la habilitación de una línea de crédito ICO para ayuntamientos; la refinanciación de las deudas del propio ejercicio, sin alterar el
stock de deuda acumulado; o el incremento del porcentaje de las entregas a cuenta por parte del Estado.
- Entre los regidores del PP con los que se reunirá Rajoy estará la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá, después de la cita que mantenga la portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, con los propios alcaldes en la misma Cámara Baja, en este caso para coordinar la presentación de una serie de iniciativas para defender la situación económica de los municipios.
Fuente:
La Razón 
El Programa Juventud en Acción es un programa que La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los estados Miembros de la Unión Europea han acordado establecer y que se desarrollará durante el periodo 2007-2013. El programa se articula en torno a 5 acciones abiertas cada una de ellas a la participación de jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y 30 años y de quienes trabajan en el ámbito de la juventud. Las personas solicitantes deben ser residentes de los Estados miembros de la Unión Europea, aunque también contempla la participación de jóvenes de países socios.
