España acaba de ser condenada por el Tribunal de Justicia Europeo por no cumplir la legislación comunitaria de aguas residuales en municipios, que obliga a una depuración adecuada de las aguas residuales. Esta sentencia representa una condena en costas y una desautorización para el gobierno de España y para los municipios denunciados. Solo en caso de un nuevo incumplimiento, el Tribunal podría imponer sanciones.
La Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, exige desde el año 2001 la depuración de las aguas residuales de los municipios de más de 15.000 habitantes.
Ecologistas en Acción de Cádiz ha solicitado formalmente de la Agencia Andaluza del Agua los datos de depuración de todos los municipios gaditanos. A falta de disponer de esa información actualizada, podemos valorar que Chipiona y Tarifa siguen sin disponer de estación depuradora de aguas residuales (al igual que Algeciras, que sorprendentemente no figura en esta condena), la EDAR de Barbate está prácticamente inoperativa y la de Vejer, no ha conseguido unificar todos los vertidos del término municipal. Es una situación de incumplimiento manifiesto de una obligación legal.
Por todo ello, urgimos de los ayuntamiento sancionados y de la Administración Ambiental andaluza, se culminen sin más demora las depuradoras en construcción y se agrupen todos los vertidos para que puedan ser convenientemente depurados.
Fuente: Ecologistas en Acción
La Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, exige desde el año 2001 la depuración de las aguas residuales de los municipios de más de 15.000 habitantes.
Ecologistas en Acción de Cádiz ha solicitado formalmente de la Agencia Andaluza del Agua los datos de depuración de todos los municipios gaditanos. A falta de disponer de esa información actualizada, podemos valorar que Chipiona y Tarifa siguen sin disponer de estación depuradora de aguas residuales (al igual que Algeciras, que sorprendentemente no figura en esta condena), la EDAR de Barbate está prácticamente inoperativa y la de Vejer, no ha conseguido unificar todos los vertidos del término municipal. Es una situación de incumplimiento manifiesto de una obligación legal.
Por todo ello, urgimos de los ayuntamiento sancionados y de la Administración Ambiental andaluza, se culminen sin más demora las depuradoras en construcción y se agrupen todos los vertidos para que puedan ser convenientemente depurados.
Fuente: Ecologistas en Acción
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